El proyecto, que obtuvo 55 votos a favor, determina por “identidad de género” a la “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.
“Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”, establece el artículo segundo de la iniciativa.
Además, toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.
En ese sentido, toda persona que solicite la rectificación registral del sexo debe ser mayor de 18 años y presentarse ante el Registro Nacional de las Personas para modificar sus datos, salvo el número del documento original.
La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia que se mantendrán inmodificables.
Además, los efectores del sistema de salud deberán garantizar los derechos que esta ley reconoce, al tiempo que todas las prestaciones de salud contempladas en la Ley quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, la kirchnerista santiagueña Ada Iturrez de Capellini, manifestó que esta Ley “entregará oportunidades, para todos por igual”, aunque reconoció que “todavía quedarán muchas cosas por hacer por la inclusión”.
“Esta norma es una consecuencia de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en 2010. Garantizará que desde el Estado cada persona será tratada y tutelada como lo que siente que es”, enfatizó.
A su turno, el presidente de Derechos y Garantías, el radical Eugenio Artaza, dijo que “es un avance importantísimo” y que se trata de un “derecho humano básico para poder dignificarse”.
En tanto, el oficialista Aníbal Fernández reconoció que la Ley de Identidad de Género “tendría que haber sido sancionada mucho antes”.
“No se pudo. Pero, lo estamos haciendo hoy”, sentenció el senador bonaerense.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, felicitó al “Congreso por sancionar una Ley que le permita a la gente intentar ser más feliz”.
“La sociedad argentina es un poco mejor esta noche. Permite ir superándonos, ser un poco mejores, más comprensivos”, destacó.
El socialista Rubén Giustiniani subrayó que “establecer a partir de una ley la vía administrativa para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad es el primer paso para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género”.
El oficialista Marcelo Fuentes habló de la “extorsión de la religión” y del “síndrome del púlpito” argumentando que “estamos con dos mil años de atraso cimentando la secularización del derecho”.
“No va a haber reconstrucción igualitaria en la Argentina si los responsables de llevarles tranquilidad a sus files no los preparan para un mundo que marcha a los cambios”, rescató.
La justicialista disidente Sonia Escudero comentó que el proyecto repara “la falta de acceso a derechos declamados universalmente” y puntualizó que “si bien no hay números oficiales, estaríamos hablando de 22 mil personas que abarcaría esta Ley, de las cuales un 95 por ciento está en situación de prostitución y un 84 por ciento sin educación secundaria”.
La presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, sostuvo que se “resguarda el valor de la seguridad jurídica”.
“El Estado está previniendo y garantizando acceso a procesos de salud integral que, en todos los casos, debe ser de consentimiento informado”, indicó.
El senador por Nuevo Encuentro de Tierra del Fuego, Osvaldo López, precisó que con esta Ley los integrantes del “colectivo trans” pueden “exigir y hacerse respetar con convicción y orgullo y defenderse de situaciones a las que estuvieron obligados a padecer”.
El justicialista salteño Juan Carlos Romero, quien hace dos años votó en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario, adelantó su respaldo a la norma que consideró como un “esfuerzo legislativo de reconocimiento a una realidad que haga que la prostitución no se a la única opción que tenga este grupo de personas”.
El radical jujeño Gerardo Morales señaló que el Senado está “frente al desafío de resolver un problema tan importante como es el derecho a la identidad”.
“Esta ley convertirá a la comunidad trans en sujetos de derecho, como ocurre con el conjunto de la sociedad”, añadió Morales.
En cambio, la justicialista disidente por Chubut, Graciela Di Perna, anunció su abstención criticando el proyecto de Ley al decir que “genera más problemas que soluciones a la sociedad argentina y que significa la adulteración de un documento público como es la partida de nacimiento”.
Tras la aprobación de la ley el presidente de la CHA, César Cigliutti, estimó este "será otro paso gigantesco e histórico en nuestro extenso trabajo por los derechos de nuestra comunidad".
"Las personas trans merecen que la sociedad las nombre y las trate de acuerdo a la identidad de género autopercibida", sostuvo Cigliutti.
Por su parte, el interventor del INADI, Pedro Mouratian afirmó que "estamos felices por la sanción de esta ley", y consideró que la norma "es el puntapié para trabajar sobre la efectivización de los derechos a las personas trans, promocionando también el acceso al trabajo, la educación, la salud, la vivienda".
Finalmente, la titular de la Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina (ATTTA), y secretaria general de la FLGTB, Marcela Romero, expresó que la ley fue aprobada “para no ser más la olvidada de la democracia”.
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